Cuota de autónomos: ¿impuesto o inversión a futuro? Claves del debate que divide a España

Los autónomos volvieron en octubre a ocupar el centro de la actualidad informativa. El sistema de cotización de esta categoría de trabajadores es algo que lleva trayendo polémica desde hace años, pero ahora, con las formas discursivas propias de las redes sociales, los debates llegan a puntos de extremismo en los que se cuestiona hasta la naturaleza propia de las aportaciones a la Seguridad Social.

Desde el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige desde 2023 Elma Saiz, se propuso una subida en las aportaciones a la Seguridad Social que deben hacer los autónomos, con el objetivo, según la ministra, de equiparar progresivamente las aportaciones que hace este colectivo a las de los trabajadores por cuenta ajena.

El fuerte rechazo por parte de las organizaciones de autónomos e incluso desde el propio Gobierno (la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó el planteamiento) han obligado a retrasar la modificación, siendo el 31 de diciembre la fecha límite para aprobar la reforma en el Congreso.

Afectando sobre todo a los autónomos con menos ingresos, la propuesta ha sido tildada de “sablazo” y ha sido vista como un mayor ahorcamiento a la frágil economía de los autónomos con menos recursos.

En este contexto, algunas personas críticas con la idea de subir las tasas han señalado que lo se busca es asfixiar con impuestos a los autónomos, obligando al Gobierno a recordar la idea básica de que las cotizaciones no son impuestos, sino la aportación que luego se devuelve al autónomo en forma bajas cubiertas, jubilación o cobertura por desempleo.

¿Impuesto o inversión?

El debate surgido a raíz de la propuesta de Elma Saiz ha puesto en tela de juicio el propio sentido de las cotizaciones a la Seguridad Social, algo que se daba por hecho antes de que el lenguaje de las redes sociales fomentase los discursos polarizados. Esto no quiere decir que los que critican estas aportaciones no tengan argumentos válidos.

La versión oficial nos indica que las aportaciones a la Seguridad Social, que empiezan a partir de los 250 euros al mes aproximadamente para los autónomos con ingresos de menos de 650 euros, son algo así como una inversión a futuro. Esto es porque redundan en el bienestar del empleado, en forma de su jubilación futura, y de las coberturas por bajas médicas o paro de las que también disfrutan los trabajadores por cuenta ajena.

La ministra lo explica así: “Las cotizaciones no son impuestos, van directamente al bolsillo de los autónomos (…) para pagar su sanidad, su paro, una jubilación o una baja de maternidad o paternidad”. Según indica Saiz, muchos autónomos con cuotas mínimas han decidido, de hecho, sobrecotizar voluntariamente, juzgando que esta es la manera de conseguir una mayor protección social.

“La protección de los autónomos sigue siendo deficitaria”, indica Saiz, recordando que un gran porcentaje de ellos llega a la jubilación con pensiones inferiores en 650 euros de media frente a los asalariados. «Eso se soluciona a través de la cotización. Deben dejar de ser considerados trabajadores de segunda», señaló Saiz, defendiendo así la subida de cuotas como solución a la menor protección de este colectivo.

Sin embargo, los más críticos con el gobierno señalan que esas presuntas garantías que se costean con las aportaciones no se plasman en la vida real. Los autónomos suelen pedir menos bajas médicas, y muchos se topan con problemas a la hora de cobrar la prestación por desempleo. Esto hace que algunos colectivos tilden de “presunta estafa” lo que denominan como un impuesto, ya que al fin y al cabo sigue siendo un dinero que Hacienda cobra cada mes.

Protección frente al desempleo, “presunta estafa”

Según la asociación de autónomos UATAE, con el mecanismo vigente, un autónomo que gana 500 euros al mes hace un esfuerzo del 41,05% al pagar su cuota a la Seguridad Social, mientras que si gana más de 6.000 euros, el porcentaje es de alrededor del 5,55% (descontado el ahorro fiscal).

“Cotizar lo mismo que un asalariado debe implicar tener los mismos derechos, nada menos», esgrimen, lamentando que esas cuotas no se transforman luego en una cobertura tan segura como la que disfrutan el resto de trabajadores.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) van un paso más allá y aseguran que en los ocho primeros meses del año se han denegado el 54% de las prestaciones solicitadas y en el mes de agosto, el último publicado, únicamente había 7.698 prestaciones activas, lo que representa solo el 0,22% en relación con el número de autónomos.

“Es evidente que esta prestación no está cumpliendo su función de garantizar ingresos en situaciones de desempleo”, señalan, criticando que su protección de paro es una “presunta estafa” ya que “al 60% que lo solicitan, se les deniega”.

Tal y como está planteada la ley, llamar impuestos a las cotizaciones es incorrecto. Se trata más bien de un seguro obligatorio, por decirlo así, con el que el trabajador acumula su propia pensión. No obstante, es posible entender el punto de vista de los que lo conciben como tal, debido a la percepción de un retorno casi nulo a cambio del dinero que se aporta.

De momento, el cambio en la ley se ha congelado, pero el sistema de cotización seguirá siendo un tema muy candente, al menos mientras siga siendo distinto de la idea alternativa que muchos defienden: que un autónomo que cobre menos del salario mínimo no debería, ni siquiera, pagar nada.

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