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Ley de Segunda Oportunidad: Requisitos

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Sabemos cuán desesperante puede resultar el estado de insolvencia. Pero queremos dejar claro que, siempre que las causas sean honestas, tienes la alternativa de salir de tus deudas aplicando la Ley de Segunda Oportunidad.

Este instrumento jurídico no distingue entre personas naturales y jurídicas, pero sí entre deudores de buena y mala fe. De manera que si estás insolvente todo lo que tienes que hacer es asegurarte de cumplir con los requisitos que te explicaremos más adelante.

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¿En qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad?

Se trata de un instrumento jurídico que busca garantizar la reinserción de los deudores en la economía formal de la nación. Al mismo tiempo que garantiza la efectiva recuperación del crédito de los acreedores.

¿Cómo lo hace? Mediante mecanismos de negociación que se llevan a cabo bajo la supervisión de la autoridad competente. Los instrumentos principales consagrados por esta ley son los acuerdos extrajudiciales y el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

Los acuerdos extrajudiciales consisten en negociaciones supervisadas que se celebran entre el deudor y sus acreedores para determinar medios factibles de pago. Mientras que, por otra parte, el beneficio de exoneración consiste en la cancelación definitiva del pasivo que, después de liquidado el patrimonio del deudor, resultare insatisfecho.

Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Como mencionamos antes, el principal beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad es la exoneración del pasivo insatisfecho, sin embargo, este no es un mecanismo que se inicie de oficio, de manera que tiene que ser impulsado y fundamentado por el deudor interesado, ante la autoridad competente y cumpliendo una serie de requisitos.

Así pues, para procurar el beneficio de exoneración judicial, el deudor deberá:

  1. Presentar la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho.
  2. Probar que ha actuado de buena fe y su insolvencia no deriva de dolo ni culpa grave.
  3. No haber sido declarado culpable por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, ni delitos relacionados a la falsificación de documentos, o contra la Hacienda Pública o Seguridad Social. De igual forma, no podrá haber cometido delitos contra los derechos de los trabajadores. Todo esto en un lapso de diez años antes del concurso.
  4. Haber cumplido con el agotamiento de la fase de acuerdo extrajudicial aunque haya resultado infructuoso.
  5. Haber satisfecho la totalidad de los créditos contra la masa y los acreedores privilegiados.

Primer requisito: Solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho

Una vez culminada la fase de acuerdo extrajudicial, y habiendo calificado el concurso libre de culpa, el deudor puede proceder a solicitar la exoneración del pasivo que no haya sido cubierto en la liquidación. Tal solicitud deberá hacerse ante el juez del concurso y deberá contener lo siguiente:

  • Plena identificación del deudor.
  • Relación sucinta de los hechos.
  • Mención expresa de haber cumplido los requisitos de buena fe.
  • Relación de las deudas satisfechas.
  • Relación del pasivo insatisfecho.

Segundo Requisito: Prueba del deudor de buena fe

Un requisito trascendental que deberá cumplir el deudor es probar que ha actuado de buena fe. Pero ¿qué es la buena fe? Esta expresión es usada en derecho para referirse a una conducta ideal caracterizada por la honradez. Es decir, lo importante es determinar si la insolvencia del deudor le es o no imputable.

Si la persona ha perdido su capacidad económica por causas ajenas a su voluntad y ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para evitar la insolvencia y cumplir con sus acreedores, se dice que es un deudor de buena fe.

¿Por qué es importante probar la buena fe del deudor? Pues si se llegase a probar que el deudor ha actuado de mala fe, es decir, si ha ocultado información o si él mismo ha procurado su insolvencia para fallar en el pago de sus deudas, entonces no será candidato para el beneficio de exoneración.

Tercer Requisito: La No Declaración de Concurso Culpable

La principal prueba de buena fe es la declaración de no culpabilidad resultante en la calificación del concurso de acreedores. Esto se hace durante la pieza de calificación. Como mencionamos antes, si de esta pieza resulta la calificación de culpabilidad, significa que se ha comprobado que el deudor actuó de mala fe y produjo o procuró su insolvencia deliberadamente. En este caso la exoneración no procederá.

Si, en cambio, el concurso es declarado “Fortuito”, significa que la insolvencia del deudor no es atribuible a su conducta, y que se debe a cuestiones que escapan de su control. Bajo esta calificación sí procede la exoneración del pasivo insatisfecho.

¿Qué se entiende por Concurso Culpable?

El concurso es calificado culpable cuando de las pruebas se desprende que el deudor ha actuado con dolo o culpa grave, generando o agravando con intención o por negligencia, su insolvencia. También se califica culpable el concurso cuando el dolo o la culpa grave fueron cometidos por:

  • Los representantes legales (en caso de tratarse de una persona jurídica).
  • Los administradores.
  • Los liquidadores.
  • Los apoderados.

Pieza de calificación

Se llama pieza de calificación a la fase del concurso durante la que se examina la actuación del deudor (o sus representantes) para determinar si han o no actuado con buena fe. Esta fase se celebra al finalizar el lapso de negociaciones extrajudiciales, independientemente de si se ha logrado un acuerdo o no.

En la pieza de calificación puede participar cualquier tercero legítimamente interesado, para aportar testimonio o prueba que haga constar lo relativo a la buena o mala fe del deudor.

La calificación de buena fe es hecha por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal

Causas de declaración de culpabilidad del concurso

Ahora bien, para que el concurso sea declarado culpable, debe quedar acreditada cualquiera de las siguientes causas:

Incumplimiento del deber de solicitar el concurso

La solicitud del concurso de acreedores no es una facultad, sino un deber del deudor. De manera que su incumplimiento produce una serie de consecuencias jurídicas, entre ellas la declaración de culpabilidad del concurso.

La ley concursal establece un lapso de dos meses para solicitar el concurso. Este lapso comenzará a computarse desde el momento en que el deudor o sus administradores tuvieron, o debieron tener conocimiento de su insolvencia.

Retraso por dolo o culpa grave

Si se ha solicitado el concurso de acreedores pasados los dos meses a los que hace referencia la ley, se considera solicitado con retraso. En estos casos se examina si dicho retraso ha sido procurado con dolo o culpa grave por el deudor, o si se ha tratado de simple negligencia.

Si se llegase a probar que el deudor o sus administradores retrasaron con intención la solicitud, se considerará que actuaron de mala fe.

Falta de colaboración

Otra causa frecuente de calificación de culpabilidad en el concurso, es la falta de colaboración del deudor. Con esto se hace referencia al deber establecido en el artículo 42 de la Ley Concursal. En este sentido, la colaboración comprende:

  • Comparecer ante el juzgado mercantil y ante la administración concursal todas las veces que se le indique.
  • Informar todo lo que se le requiera, y todo cuanto sea pertinente para el interés del concurso.

Ausencia de depósito de las cuentas anuales

Si durante la calificación del concurso se determina que el deudor o sus administradores han faltado a su deber de depositar a las cuentas anuales, se calificará la mala fe. El requisito de depósito de cuentas anuales es exigido a deudores que son personas jurídicas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, entre otras.

Otras conductas

Fuera de las causales antes expuestas, se puede calificar culpable el concurso cuando el deudor ha llevado con irregularidades su contabilidad. Esto suele suceder cuando se verifica que el deudor llevaba doble contabilidad o cuando se prueba que ha sacado fraudulentamente algunos bienes de su patrimonio.

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¿Qué pasa si el concurso es calificado culpable?

El principal efecto de la calificación de culpabilidad en el concurso es la pérdida del beneficio de exoneración. Sin embargo, esta calificación produce también otras consecuencias de similar gravedad, tales como:

  • Inhabilitación para administrar de dos a quince años.
  • Obligación de restituir los bienes sacados fraudulentamente del patrimonio del deudor.
  • Deber de indemnizar a los afectados por daños y perjuicios.

Cuarto requisito: Agotamiento del acuerdo extrajudicial

La ley estipula como requisito fundamental, que antes de solicitar el beneficio de exoneración, el deudor haya agotado la posibilidad de llegar a un acuerdo con sus acreedores. Esto se hace mediante la fase de acuerdo extrajudicial dispuesta en la misma ley.

Las resultas de estas negociaciones son irrelevantes para el beneficio de exoneración. De manera que lo único que pide la ley es que el deudor haya hecho todo lo que estaba a su alcance para negociar, aun cuando no haya logrado acordar nada.

Quinto Requisito: La satisfacción de los créditos contra la masa y los acreedores privilegiados

En principio, se establece como requisito legal para obtener el beneficio de exoneración, haber satisfecho la totalidad de los créditos contra la masa. Se conocen así a todos los gastos provocados luego de la declaración del concurso, y suelen abarcar gastos de asesoría legal, gastos registrales y notariales, entre otros.

Asimismo, se impone el deber de satisfacer la totalidad de los créditos privilegiados, que son aquellos que cuentan con una garantía hipotecaria o que se refieren a deudas con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social.

Ahora bien, se concede también una excepción a esta regla, abriendo la posibilidad de exonerar también estos gastos, al menos en parte. Siempre y cuando el deudor cumpla con otros requisitos subsidiarios, tales como:

  • Aceptar el plan de pagos aprobado por el juez.
  • Cumplir con las obligaciones de colaboración.
  • No haber sido beneficiario de exoneración en los últimos diez años.
  • No haber rechazado una oferta de empleo (acorde a sus capacidades) en los últimos cuatro años.
  • Aceptar la inserción en el Registro Público Concursal.

¿Qué beneficios ofrece la Ley de Segunda Oportunidad?

Acogerse a la ley de segunda oportunidad puede ser la última alternativa de solvencia para algunos deudores. Esto gracias a los múltiples beneficios que esta norma confiere, entre los que se encuentran:

  • Combinando la liquidación de tu patrimonio, un plan de pagos y el beneficio de exoneración, esta ley permite liberarse del 100% de las deudas.
  • Esta norma, además, impulsa la negociación entre el deudor y sus acreedores, promoviendo la aplicación de quitas.
  • Al iniciar el proceso mediante solicitud, la ley comienza a surtir sus efectos de paralización de intereses.
  • Al mismo tiempo, detiene la ejecución de embargos.

¿Quién puede gozar de estos beneficios?

Los instrumentos consagrados por la Ley de Segunda Oportunidad representan una opción válida tanto para personas naturales como jurídicas. De manera que, una persona natural, ya sea en condición de autónomo o empleado, puede acogerse a la norma, al igual que cualquier empresa. Eso sí, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por la ley y cuenten con un excelente historial crediticio.

¿Cuánto tarda en surtir efectos el procedimiento de segunda oportunidad?

Uno de los mejores beneficios de esta ley es que algunos de sus efectos, como la suspensión de intereses y ejecuciones, comienzan a surtir efectos inmediatamente después de presentarse la solicitud.

La primera fase del proceso, es decir, la de negociación extrajudicial puede tardar entre cuatro y siete meses. Mientras que la fase del beneficio de exoneración puede demorar desde diez hasta catorce meses.

Ahora bien, en lo que respecta al beneficio de exoneración, las deudas son eliminadas con el fallo del juez, el cual es de aplicación inmediata.

Sin embargo, la decisión de exoneración no será completamente definitiva sino después de vencido el lapso de cinco años para su revocación. Dicho lapso comienza a correr desde el momento en el que el fallo es emitido. Esta revocación procede en casos en que se cumpla alguna de las siguientes causales:

  1. Se compruebe que el deudor ha dejado de cumplir con los requisitos para optar al beneficio de exoneración.
  2. Que el deudor incumpla el plan de pago, de existir uno.
  3. Que las condiciones económicas del deudor mejores sustancialmente por alguno de los siguientes motivos
  • Azar.
  • Juegos de suerte.
  • Herencia.
  • Legado.

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Gabriel Rodríguez
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