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Las medidas del Gobierno para frenar la subida de precios de los combustibles

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Un plan de choque para hacer frente a los efectos de la invasión de Ucrania

El Gobierno ha preparado y aprobado un paquete de medidas económicas de emergencia por valor de 6.000 millones de euros en ayudas directas y exenciones fiscales y 10.000 millones de euros en préstamos para los hogares y empresas afectadas por las consecuencias de la crisis energética a raíz de la invasión rusa de Ucrania, tal como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este plan de choque trata de paliar los efectos de subidas de precios de los combustibles, la energía o la vivienda, y traerá consigo muchas novedades, como el nuevo límite temporal de subida de la revisión del alquiler en el 2%, el aumento del Ingreso Mínimo Vital un 15% y la reducción de 20 céntimos por litro de combustible compartida entre una subvención directa del gobierno y una reducción de los beneficios de las petroleras.

Estas medidas estarán vigentes hasta finales del mes de junio, al tratarse de una situación excepcional debido a la máxima incertidumbre internacional y el encarecimiento de las materias primas por las sanciones a Rusia. Sin embargo, nada hace prever que estas medidas y otras muchas, puedan quedarse con nosotros a largo plazo debido a los problemas de base que Europa y España deben afrontar para cambiar nuestro modelo energético.

El coste aproximado de todas estas medidas será de 6.000 millones de euros en ayudas y subvenciones directas y otros 10.000 millones para créditos y avales ICO para empresas.

Un plan de emergencia

Estas medidas extraordinarias tienen como objetivo proteger el crecimiento de la economía y la protección del empleo más allá de una situación coyuntural debido a la guerra, según el presidente del Gobierno en un discurso en la conferencia empresarial de McKinsey en Madrid. El plan de choque diseñado por el ejecutivo español incluye una batería de medidas que buscan aminorar el impacto en la economía y en las familias más vulnerables a una escalada en los precios de la energía nunca vista hasta ahora.

Al igual que el resto de países de Europa, en España los altos precios de la energía, tanto de los combustibles como de la luz no son algo nuevo , con muchos hogares y empresas en serias dificultades para hacer frente al aumento de costes. Sin embargo, desde la invasión Rusa de Ucrania las facturas de todo tipo de energía se han disparado hasta en un 200% y 300%.

El petróleo , la base de toda la economía mundial actual ha llegado a superar los 130 dólares por barril, unas cifras que imposibilitan el crecimiento económico. En nuestro país, algunos de los sectores más directamente afectados, como el transporte y la agricultura han salido a la calle para exigir medidas concretas para hacer frente a los precios desorbitados de los combustibles, iniciando una huelga indefinida por el aumento de los precios de los carburantes, organizando cortes de carretera y piquetes, y dejando a muchos supermercados y distribuidores con los lineales vacíos.

Además de los transportistas, los pescadores también realizaron una huelga masiva la semana pasada por los precios del gasóleo, mientras que el sector ganadero y agrícola se sumó a las protestas multitudinarias por el aumento de los costes, incluido el de los piensos y el del trigo, cuyo principal exportador es el país más afectado de toda esta crisis, Ucrania.

La principal y más popular medida para tratar de rebajar los costes que están soportando los profesionales y los ciudadanos, el Gobierno ofrecerá un descuento general de 0,20 euros por cada litro de combustible, ya sea gasolina o gasóleo. El Estado asumirá tres cuartas partes de ese coste (15 céntimos) y las compañías petroleras el resto (5 céntimos). En un principio esta medida únicamente iba a estar dirigida para los transportistas y conductores profesionales, pero en línea con algunas de las decisiones que han ido tomando otros países de nuestro entorno, como Portugal o Italia, finalmente el Gobierno ha decidido ampliar esta subvención directa a la totalidad d ellos consumidores.

Esta semana, los precios medios de la gasolina en nuestro país oscilaban en el rango entre 1,83 y 1,97 euros por litro, mientras que el gasóleo se situaba entre 1,87 y 1,94 euros.

El plan estará vigente hasta el día 30 de junio y además de estas nuevas medidas también amplía los recortes fiscales ya vigentes, como el tipo reducido del IVA sobre la energía y la suspensión del impuesto sobre la producción de electricidad. También incluye un paquete de ayudas de casi 400 millones de euros para el sector agrícola, ganadero y pequero.

Así como una limitación a las subidas del precio de los alquileres que han visto como la inflación disparada a casi el 9% impactaba con fuerza a los inquilinos.

La duda actual es como se aplicarán todas estas medidas pues aun no se ha detallado como se hará efectiva esta rebaja de 20 céntimos en los carburantes. Ayer se aprobó en el Congreso el plan de choque frente a la crisis ucraniana, pero aun faltan unos días para comenzar a ver todas estas nuevas fórmulas aplicadas de forma general.

Las grandes empresas se mueven pero las pequeñas gasolineras tienen poco margen de acción

Las caídas del petróleo durante la ultima semana ha permitido que los carburantes hayan reducido algo su precio, desde los 1,9€ a los 1.81€ para la gasolina y de los 1,8€ a algo menos de 1,77€ para el diésel. Sin embargo, estos precio medios no representan la realidad de muchos consumidores, ya que en las cercanías d ellos núcleos urbanos los precios debido a la alta demanda han llegado a superar los 2€ por litro de gasolina.

Por esto, grandes empresas energéticas como Cepsa o Repsol habían puesto en marcha descuentos de hasta 10 céntimos de euro por litro de carburante en todas sus estaciones de servicio, aplicado desde el 1 de abril hasta finales del mes de junio, previo al anuncio del gobierno de subvencionar parte del coste del combustible.

Sin embargo, desde las estaciones de servicio las bonificaciones pueden suponer un grave golpe a su viabilidad, ya que pese al gran aumento de los precios, los márgenes para las pequeñas estaciones siguen siendo muy estrechos y una bajada de 10 céntimos, más la obligatoriedad de rebaja de otros 5 céntimos por parte del gobierno pueden poner en serios aprietos sus negocios. En muchos casos los márgenes por cada litro de combustible en una pequeña gasolinera no superan los 5 céntimos, algo que podría obligar a las estaciones situadas en entornos rurales donde la demanda es baja a tener que interrumpir el servicio de forma temporal, al no poder hacer frente a estos nuevos costes.

Previamente a la aprobación de estas medidas por parte del gobierno, muchos expertos habían propuesto bajadas de impuestos tal y como han hecho muchos países de nuestro entorno. El peso de los impuestos supone casi el 50% del precio del combustible, y una bajada del IVA del 21% o una reducción del Impuesto Especial a los Hidrocarburos podrían haber sido opciones más efectivas.

Las 9 medidas aprobadas por el gobierno

Subvención a los combustibles

El enorme encarecimiento de los precios de combustibles como el gasoil y la gasolina ha supuesto un duro golpe para muchas familias, así como para la economía del país en recuperación tras la pandemia del Covid19. Para tratar de paliar algunos de sus efectos a corto plazo el Gobierno ha aprobado una subvención de 20 céntimos por litro de combustible, de los cuales el estado aportará 15 céntimos y las empresas petroleras los restantes 5 céntimos de euro. Esta medida, la principal del paquete anticrisis estará vigente en un principio hasta el día 30 de junio, con posibilidad de prorrogarse si la crisis energética continua.

Prohibición de los despidos

Otro de los puntos principales de este plan de choque es la prohibición del despido por la crisis energética debido a la guerra de Ucrania, utilizando herramientas de flexibilidad d el empleo como los ERTES, algo que ya se utilizó dúrate la pandemia de covid19. La medida busca proteger el empleo por causas coyunturales y tratar de dotar a las empresas de mecanismos de gestión de personal evitando el despido final. 

Según la ministra de trabajo y seguridad social, el mandato para las empresas esta claro: no despedir a nadie. Y para ello se deberán utilizar los ERTES. Pero las empresas que no hagan un buen uso de este podrán ser sancionadas, deberán devolver las ayudas percibidas y no podrán despedir a los empleados en cuestión.

Limitación a la revisión de los alquileres

En materia de vivienda, el Gobierno ha aprobado una limitación de la revisión de los contratos de alquiler al 2% anual, por debajo del IPC (Indicador de precios al consumo), utilizado generalmente para revisar los arrendamientos respecto al aumento de la inflación. Actualmente España está dentro de una espiral inflacionista con una tasa interanual del 7,6%, muy por encima de esta revisión máxima legal por la actual situación de incertidumbre en Europa. Esta actualización, para los arrendatarios y familias con menos recursos puede ser un golpe enorme a su salud financiera, de este modo las subidas se limitan a tan solo un 2%

Por ejemplo, si nuestro alquiler es de alrededor de 600 euros mensuales, una revisión en el entorno actual, donde el IPC parece que se disparará hasta el 9% en marzo, supondría un aumento hasta los 660€ mensuales. Con una subida del 215, la renta solo podrá actualizarse hasta los 615€ al mes.

Nuevos avales para créditos ICO

El gobierno también ha aprobado una nueva línea de avales para los créditos concedidos desde el Instituto de crédito Oficial (ICO) a las pequeñas y medianas empresas, para tratar de dar un balón de oxigeno a muchas organizaciones que han visto su recuperación truncada por los aumentos d ellos costes de las materias primas y los cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales. Esta línea de avales contará con un presupuesto superior a los 10.000 millones de euros. También se ampliará el plazo de devolución de los préstamos ya concedidos, así como los periodos de carencia en aquellos sectores más afectados por la crisis.

Limite a la generación eléctrica por gas

Otra de las medidas destinadas a tratar de solucionar los problemas del mercado energético español ha sido la fijación de un límite máximo para fijar el precio de la energía que se obtiene a través de la quema de gas. Además el Gobierno ha propuesto una actualización del actual sistema de precios y beneficios para las empresas de energías renovables, cogeneración y residuos (Recore). Estas medidas buscan intervenir en el actual sistema de fijación de precios que encarece la factura final a costa de las energías más caras. Además, se ha aprobado u mecanismo para reducir el “exceso de beneficios” de las empresas eléctricas que se han beneficiados d ellos altos precios del gas en las subastas de energía. La cuantía que se espera reducir de las facturas de energía se sitúa en torno a los 1.800 millones de euros.

Plan estatal de Ciberseguridad

Durante la invasión de Ucrania por parte de rusia, hemos visto como la guerra también se hacía vía cibernética, sucediéndose los ataques a varios de los principales centros de inteligencia, industriales y de comunicaciones del país. Pero esta guerra también ha llegado a otros muchos países de Europa y en respuesta a ello el Gobierno ha anunciado un nuevo plan de ciberseguridad a gran escala. Los pilares principales de este plan de seguridad informática radican en la construcción de un centro de operaciones de seguridad nacional, el fortalecimiento de las redes de comunicaciones 5G y hasta 150 actuaciones para mejorar la estabilidad y resiliencia del sistema. El presupuesto para esta medida se sitúa en torno a los 1.000 millones de euros.

Transportistas

Las últimas semanas han estado llenas de protestas y altercados debido a las reivindicaciones que el sector de los transportistas ha reclamado al Gobierno, debido principalmente a los grandes costes que tienen que soportar en los combustibles, así como las condiciones laborales y de trabajo. Este plan de choque también ha incorporado varas de estas medidas ya acordadas con las asociaciones de transportistas, como la subvenciones en el precio de los carburantes o las mesas de negociación sectorial. Con este plan el ejecutivo espera terminar con los paros y huelgas planteadas por los conductores profesionales en las ultimas semanas, que han llevado al desabastecimiento de empresas y sectores como el de la alimentación. Las medidas de ayuda a los transportistas están valoradas en 1050 millones de euros.

IVA reducido en la factura de la luz

Los precios del Megavatio/hora siguen disparados, casi 6 veces más con respecto a hace tan solo un año. Con los precios a merced del precio del gas, que es quien esta poniendo los precios para todas las demás energías, el Gobierno ha planteado nuevas reducciones de impuestos en la factura de la luz, para tratar de amortiguar el golpe en los hogares. Asimismo se ha planteado la reducción del IVA del 21% al 10%, extendida hasta el día 30 de Junio. Además, el impuesto especial a la Electricidad, uno d ellos impuestos especiales incluidos en el recibo, baja del 5% al 0,5% y el impuesto especial a la Generación Eléctrica del 7% seguirá en el 0% de forma temporal.

Del mismo modo, más de 500.000 familias más podrán acogerse al bono social de la electricidad, que trata de incluir ya a casi 2 millones de personas en nuestro país.

Pero una noticia puede ser incluso más relevante para el futuro del precio de la luz en nuestro país en el futuro, y es que tanto Portugal como España consiguieron la semana pasada que la Unión Europea considerase a la Península Ibérica como una “isla energética”, algo que facilitaría a nuestro país poder influir más en los mercados energéticos, desligando el gas natural de las subastas mayoristas.

Subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV)

El Ingreso Mínimo Vital fue una de las medidas estrella para luchar contra la pobreza en lo más crudo de la pandemia de Covid19. Actualmente se han beneficiado de él 1 millón de personas en nuestro país, y en el nuevo plan de choque el Gobierno ha anunciado que su cuantía aumentará un 15% durante 3 meses, para facilitar a los hogares más vulnerables hacer frente al aumento de costes básicos. El objetivo a medio plazo del ejecutivo es que este Ingreso Mínimo Vita pueda llega hasta a 2 millones de personas en nuestro país.

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Ana Vicente
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